EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES

EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES

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Las insolvencias punibles, que se encuadran, a su vez, entre los denominados delitos contra el orden socioeconómico, son figuras delictivas llamadas a completar la protección penal de los derechos de crédito, que vino a reforzarse con la reforma operada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. La reforma no deja de ser un hito significativo, vista la tendencia que muestra en los últimos años la ratio de dudosos del sector privado, que descendió hasta el 8,6 % en el último mes de julio, de acuerdo con el recentísimo Informe de Estabilidad Financiera. Como se encarga de recordar el Banco de España, la distribución de la variación del crédito se vuelve más adversa conforme se consideran grupos con una mayor ratio de morosidad.

En nuestro Código Penal, el alzamiento de bienes se desgajó del capítulo correspondiente a las insolvencias punibles, de las que constituía el tipo descriptivo por antonomasia, quedando en los delitos de frustración de la ejecución, más propiamente encaminados a garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales que condenan al pago de una cantidad económica. Sea como fuere, esta clase de prescripciones penales corre siempre el riesgo de colisionar con otro principio, no menos importante y aun de superior rango, que condena la prisión por deudas y que hoy tiene categoría de axioma en el concierto de los países cultos. Desde el punto de vista de una interpretación restrictiva del Derecho penal, puede reconducirse la protección a los tribunales del orden civil, mediante el ejercicio de la acción revocatoria o pauliana, que permite la rescisión de los contratos celebrados en fraude de acreedores.

Con todo ello, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado su Auto Nº 132/2017, desestimando el recurso de apelación interpuesto frente al interés de nuestros clientes y confirmando, en consecuencia, la condena impuesta a los administradores sociales, en relación con la descapitalización de la sociedad mercantil en liza. Nos recuerda aquí el tribunal que el alzamiento de bienes se trata de un delito imputable también a las personas jurídicas y, además, que, para poder apreciar la nulidad de pleno derecho de un acto procesal, concerniente a la imputación, no basta únicamente con alegar la concurrencia de defectos de forma, que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o que se ha prescindido de normas esenciales del procedimiento, sino que añadidamente es necesario que, como consecuencia directa de esa infracción de procedimiento, se haya podido producir una «efectiva indefensión».

29 noviembre 2017 / GAC Actualidad

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