GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

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Impuestos Abogados

El artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece la prohibición de las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. Tal prohibición, que radica en la incompatibilidad con el mercado interior, se establece con vistas a evitar la financiación estatal en sentido amplio (incluyendo cualesquiera administraciones públicas), que se conceda directa o indirectamente, a través de bonificaciones, exenciones, garantías, aportaciones de capital, préstamos blandos, ayudas de capital riesgo, entre otras muchas formas a las que se refiere, e.g., el Vademecum de legislación comunitaria en materia de ayudas estatales.

Pues bien, el Tribunal Supremo, en su sentencia Nº 1.411/2019, acaba de desestimar el recurso de casación interpuesto por EL CORTE INGLÉS, S.A. frente a la liquidación tributaria del Impuesto de Grandes Equipamientos Comerciales (ejercicio 2010), por importe de 431.460,30 €, practicada por la Administración pública catalana. En esta resolución, el alto tribunal recuerda, por una parte, que los impuestos que gravan los grandes establecimientos comerciales no vulneran por sí mismos la libertad de establecimiento y, por otra, que la no sujeción o los beneficios fiscales a favor de los establecimientos comerciales colectivos sí puede revestir carácter selectivo y, por tanto, constituir ayuda de estado. No obstante, recuerda esta resolución, «la ilegalidad, a la luz del derecho en materia de ayudas de Estado, de la exención de un impuesto no afecta a la legalidad del tributo mismo, de suerte que quienes están sujetos a dicho impuesto no pueden alegar tal ilegalidad».

Esta última posición es, sin duda alguna, criticable, porque entorpece definitivamente el objetivo del Tratado, que no es otro que la proscripción de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, a que se refiere el primer artículo de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Ahora bien, también sirve para recordar la necesidad de que estas exacciones, de carácter medioambiental, contribuyan efectivamente a reducir o, al menos, desincentivar las externalidades negativas que esta clase de establecimientos ocasiona. En Canarias, sin embargo, venimos ocupando el cuarto lugar entre las comunidades autónomas españolas con más superficie comercial por habitante, de acuerdo con los datos estadísticos (2018) ofrecidos por EjePrime, lo que nos coloca en una situación de expansionismo comercial decreciente que, en nuestra opinión, el Impuesto sobre el Impacto Medioambiental Causado por los Grandes Establecimientos Comerciales ni siquiera pretende corregir.

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