IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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tsj-canariasLa Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sentencia Nº 325/2016, ha revocado la sanción que, por importe de cuatrocientos mil euros (400.000,00 €), había impuesto a nuestros clientes el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. La infracción atribuida no era otra que la «obstrucción a la labor inspectora, consistente en desatender tres requerimientos de aportación de documentación». La resolución sancionadora se refería, además, a la utilización, por parte de la Administración, de la estimación indirecta de las bases imponibles, determinantes de la cuantificación tributaria aproximada ­que se decía no declarada, de donde deducía el fraude fiscal.

Es cierto que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, reforzó especialmente las sanciones por inobservancia del deber de suministrar información a la Administración tributaria y por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de ésta; y también que tal conducta se entiende producida cuando el sujeto, debidamente notificado al efecto, realiza actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Administración tributaria en relación con la obediencia de sus obligaciones. Ahora bien, no pueden integrarse en el ilícito –como pretendía la Administración– cualesquiera consideraciones sobre los eventuales incumplimientos del obligado tributario, en relación con el Impuesto de Actividades Económicas u otros tributos locales, porque, como razona con acierto el Tribunal, tal proceder constituye una imputación genérica de una conducta infractora, carente de sustento legal y, muy al contrario, el examen de la conformidad a derecho de la contravención denunciada debe ceñirse a la concurrencia de los elementos identificados por el Art. 203 de la citada norma legal.

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su exposición de motivos subraya, con relación a la identificación de las infracciones, cómo «desaparece la tipificación genérica como infracción de cualquier incumplimiento de obligaciones o deberes exigidos por la normativa tributaria, por exigencias del principio de tipicidad en materia sancionadora». Es un asunto sobre el que debe llamarse la atención de los funcionarios públicos, porque atañe a las garantías básicas del contribuyente, cuyo refuerzo sigue constituyendo ­–no podemos olvidarlo– objetivo primordial de la legislación básica en esta materia.

14 noviembre 2016 / GAC Actualidad

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