MENORES FRENTE AL CIBERACOSO

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CiberacosoLa denunciante, una madre tarraconense que residía con sus dos hijas en el municipio de Valls, disponía de la clave de acceso del perfil que la menor de ellas tenía abierto en Facebook. Alertada por su primogénita, accedió a la cuenta de aquélla y pudo comprobar que, a través de esta red social, se relacionaba con un individuo quien, además de enviar  fotografías con la ropa de Adán y otras inmundicias de variado género, la invitaba de forma insistente a que ella le enviase las suyas, y contactaba a través de webcam, y se exhibía masturbándose y hacía proposiciones de diverso carácter sexual.

Un caso evidente de ciberacoso, que –como es natural– alarmó en extremo a esta señora que, de inmediato, puso los hechos en conocimiento de los Mozos de Escuadra; se incoaron diligencias penales y se supo que el sujeto mantenía relaciones similares con otras menores, con un rango de edad de entre 7 y 17 años, y resultó finalmente que la Audiencia Provincial de Tarragona condenó al paidófilo a una pena de tres años de prisión y otra de 10 años de libertad  vigilada a cumplir una vez concluida la primera condena, además de otras sanciones, medidas y prohibiciones. Nuestro hombre, sin embargo, insatisfecho con el resultado del proceso, recurrió ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, alegando que las pruebas de cargo procedían del cruce de comunicaciones entre él y las menores y que, por tanto, se habían obtenido violando el derecho a la intimidad que sus víctimas ostentaban y el secreto de las comunicaciones; garantías básicas que cuentan con un reforzado respaldo constitucional.

En la sentencia que comentamos hoy, el Alto Tribunal subraya que, en efecto, la menor es titular del derecho a la intimidad. Pero, recuerda, también, que no siempre que hay afectación de un derecho fundamental es ineludible una habilitación jurisdiccional; que una actuación pueda menoscabar la intimidad (registro de una maleta o unos papeles) no significa a priori y como afirmación axiomática que no pueda ser acordada por autoridades diferentes de la jurisdiccionales, que los espacios de privacidad e intimidad pueden ceder  en presencia de otros intereses constitucionalmente protegibles, sometiéndose a restricciones y, en definitiva, que no puede el ordenamiento hacer descansar en los padres las obligaciones de velar por sus hijos menores y al mismo tiempo desposeerles de toda capacidad de control.

22 febrero 2016 / Información general

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