El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula la orden que obligaba a la distribuidora a desmontar una instalación eléctrica de uso privado.
En 1985, un hipermercado del polígono de Las Chafiras, en San Miguel de Abona, obtuvo autorización para tender, a su costa, una derivación aérea de media tensión de 368 metros desde un apoyo de la red de distribución hasta un centro de transformación a la intemperie que alimentaba en exclusiva sus instalaciones. Años después, cuando el polígono ya contaba con red subterránea, el titular pidió y obtuvo la baja técnica de aquel centro de transformación, con la obligación expresa de desmontarlo y reponer el terreno. No lo hizo, y la Dirección General de Industria pretendió trasladar esa carga a la compañía distribuidora, argumentando que, o bien había asumido la titularidad de la instalación, o bien había actuado irregularmente al desconectarla.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su Sentencia 179/2020, de 11 de junio, estima nuestro recurso y anula la resolución. Para la Sala, el razonamiento de la Administración es solamente un ejercicio deductivo que no se corresponde con la realidad: el informe técnico-pericial que aportamos acreditó que la instalación nunca formó parte de la red de distribución y que su uso fue siempre privado. La instalación de transformación marca el límite de la propiedad, y quien obtuvo la autorización para un servicio privado exclusivo es también responsable de su mantenimiento y, llegado el caso, de su desmontaje. La sentencia impone las costas a la Administración.
David Arroyo Vidal Abogado García-Ramos, Arroyo & Cebrián