Diario de Avisos analiza con nuestro compañero Ernesto Cebrián los daños colaterales y las aristas de la anunciada Ley de vivienda, por ahora un simple acuerdo político sin borrador. Intervenir el mercado del alquiler no es en sí reprochable -la prórroga forzosa rigió entre nosotros desde los años veinte hasta el decreto Boyer de 1985-, pero el problema de nuestro país es de oferta: los grandes tenedores apenas representan el 3,8 % del parque en alquiler, de modo que penalizarlos deja sin resolver el resto del problema y, de paso, ahuyenta la inversión futura. Lo que se necesita es seguridad jurídica para el pequeño propietario y procedimientos ágiles frente al impago; de lo contrario, la ley producirá el efecto contrario al pretendido: decirle al grande que no invierta y al pequeño que no alquile.
García-Ramos, Arroyo & Cebrián