El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma que la Administración no puede imponer al concesionario un canon que no figura en el contrato.
En 1997, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz adjudicó por cincuenta años la concesión del servicio de distribución eléctrica en el municipio, a cambio de un canon que la concesionaria abonó por anticipado. En aquel momento se estaba construyendo una línea aérea de media tensión, que la propia concesionaria terminó y viene explotando desde 2001. Casi tres lustros después, el Ayuntamiento acordó exigirle un canon adicional por el uso de esa línea, calculado al margen del contrato, con el argumento de que no se había tenido en cuenta al fijar la contraprestación. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife anuló el acuerdo a instancia de nuestro cliente.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su Sentencia 55/2018, de 27 de febrero, confirma la anulación. El canon es un elemento esencial del contrato y, una vez adjudicado, ninguna de las partes puede modificarlo por sí misma: los pliegos son la ley del contrato. La línea estaba en construcción cuando se redactaron, de modo que no se trataba de una circunstancia imprevisible, y si la Administración consideraba que su explotación debía retribuirse aparte, el único camino era la modificación del contrato, no la imposición unilateral de un canon, aunque fuera previa audiencia del concesionario. Tampoco cabe invocar el enriquecimiento injusto, porque la explotación de la línea tiene su causa en la propia concesión. La Sala solo revoca la condena en costas de la primera instancia.
David Arroyo Vidal Abogado García-Ramos, Arroyo & Cebrián