En julio de 2005, la Comunidad Autónoma de Canarias suscribió con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio para la creación de una ventanilla única (VEXCAN), con la finalidad principal de establecer un solo punto de presentación de declaraciones telemáticas para los despachos aduaneros. Luego, la Resolución del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, de fecha 15 de diciembre de 2009, estableció el «documento único administrativo» (DUA 2010); y reguló, mediante Decreto 268/2011, de 4 de agosto, el procedimiento único de presentación telemática de declaraciones de importación y exportación aduaneras.
Los objetivos se alcanzaron en su totalidad y en plazos muy breves, como constató la extinta Agencia de Evaluación y Calidad. Sin embargo, el desarrollo acelerado del comercio electrónico en los últimos años encontró en Canarias, como principales obstáculos, los costes de transporte y los cargos correspondientes a la DUA y al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), además de los trámites adicionales. En GAC Abogados somos testigos de los esfuerzos realizados por la Administración pública de Canarias, con vistas a paliar estas circunstancias y, entre ellos, la habilitación electrónica del Modelo 040, la supresión de la DUA para importaciones de escaso valor y la exención en el IGIC para importaciones de bienes por valor no superior a 150,00 €. Pero Canarias sigue siendo la comunidad autónoma con menor uso del comercio electrónico, como advierte el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI).
La modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, a través la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, anunció para antes de este 1 de enero, las disposiciones técnicas y administrativas precisas, en el marco de VEXCAN, con vistas a la simplificación de los trámites aduaneros. Pero la realidad es que la Administración no cuenta con un diagnóstico certero ni con una evaluación fiable del alcance del problema. A las puertas del año nuevo, no sabemos nada de las disposiciones anunciadas y la situación debe resolverse con premura, en interés del tráfico mercantil, de la competitividad, pero, sobre todo, de las empresas y de los consumidores con residencia en las Islas. La Administración autonómica cuenta con recursos suficientes, desde el punto de vista de sus competencias legislativas y de ejecución, para fijar, en el marasmo general, iniciativas vigorosas y, por una vez, destacar en la aportación de soluciones eficaces.
Se hace camino al andar, dijo el poeta, y en GAC Abogados queremos recorrerlo con todos Uds., amigos. FELIZ AÑO NUEVO.