A información pública el anteproyecto, con alegaciones hasta el 29 de noviembre.
El Gobierno de Canarias ha sometido a información pública, desde el pasado 29 de octubre, el anteproyecto de Ley de Costas de Canarias, la primera regulación propia del litoral del Archipiélago desde que el Estatuto de Autonomía de 2018 atribuyó a la Comunidad Autónoma su ordenación y gestión (artículo 157) y desde que, el 1 de enero de 2023, se hizo efectivo el traspaso de medios y servicios. El texto aborda, entre otras cuestiones, la ordenación de playas y charcos, los usos en el dominio público marítimo-terrestre y en sus servidumbres, la tramitación conjunta de los títulos habilitantes y la sustitución de determinadas autorizaciones por declaraciones responsables.
Su novedad más significativa es, sin embargo, el régimen especial de los núcleos costeros tradicionales: conjuntos de edificaciones situados en el dominio público o en sus servidumbres, con valor etnográfico, histórico o paisajístico y vinculados a la pesca o al disfrute de la costa. El anteproyecto prevé un censo de núcleos y edificaciones, su ordenación mediante planes especiales que permitan obras de conservación y rehabilitación sin crecer más allá de sus límites consolidados y criterios para el traslado y la reubicación de sus habitantes si la subida del nivel del mar lo exigiera. Además, a efectos de la ley, considera suelo urbano los asentamientos rurales que cuenten con los servicios urbanísticos básicos, y permite que determinadas obras en construcciones anteriores a 1988 situadas en la servidumbre de protección se realicen mediante declaración responsable.
Ahora bien, las decisiones que más importan a quienes viven en estos núcleos siguen en manos del Estado. Si un núcleo ha perdido las características propias del dominio público, el Gobierno de Canarias sólo podrá instar su desafectación; y si las edificaciones se encuentran en el demanio, únicamente podrá instar su legalización por razones de interés público. Tampoco parece pacífico que una ley autonómica pueda equiparar a suelo urbano, a los efectos del régimen transitorio de la Ley de Costas estatal, asentamientos que no tenían esa condición en 1988, pues la definición del dominio público y del régimen de sus servidumbres corresponde al Estado, como reconoce la propia memoria del anteproyecto. Las alegaciones pueden presentarse hasta el 29 de noviembre a través del portal de participación ciudadana del Gobierno de Canarias.
En GAC Abogados estamos a tu disposición para ayudarte a preparar tus alegaciones o para cuantas consultas desees plantearnos sobre este asunto.
María García-Ramos Abogada · Gerencia García-Ramos, Arroyo & Cebrián
