En Canarias, como remarcadamente ocurre en los territorios insulares pequeños, el agua es un recurso natural escaso y valioso. Ello explica que, quienes de cualquier modo intervengan en su captación, producción, transporte, almacenamiento, distribución, consumo y depuración, tengan el deber de no desperdiciarla ni deteriorar su calidad. Y ello se traduce, correlativamente, en las obligaciones de mantener la calidad de los acuíferos.
Los principales repertorios de jurisprudencia y, entre ellos, Aranzadi, publican la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife Nº 453/2013 de 12 diciembre, mediante la que se rechaza el recurso de apelación promovido por la entidad mercantil Servicios de Aguas del Valle, S.A. Pretendía la citada sociedad distribuidora, en su demanda, que nuestros clientes eran responsables de actos de despojo o perturbación posesoria, en relación con un canal de varios kilómetros de longitud. El juzgado de primera instancia había negado en absoluto el despojo denunciado, toda vez que la conducción nunca se vio interrumpida y las actuaciones que se imputaban a los demandados consistían precisamente en actos de conservación, ante la omisión, por parte del titular, de las necesarias labores de mantenimiento y entretenimiento de la red. Las obras de mantenimiento de los caudales aforados, cuando no se realizan en perjuicio del acuífero, constituyen ciertamente un aspecto fundamental, para la conservación de la cantidad y calidad de los recursos y reservas hidráulicas que, como tal, es objetivo explícito de la legislación en este sector.
Pues bien, a tales menciones, el Tribunal de segunda instancia añade, en esta ocasión, los derechos de los propietarios de las aguas para poderlas pasar o discurrir a través del canal hasta sus puntos de destino, circunstancia que no confiere posesión alguna ni faculta a la recurrente a dejar de pagar. Y, además, niega a la apelante mejores derechos posesorios sobre el canal que los que ostentaban a la sazón los demandados.