El pasado viernes, el Gobierno de España aprobó, mediante real decreto, una modificación reglamentaria, en relación con la gestión de las subvenciones para la adquisición de vehículos de energías alternativas y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016. Es muy relevante, porque su propósito expreso es incentivar la participación de entidades colaboradoras en la gestión de las subvenciones previstas en el marco del denominado Plan Movea 2016.
Los servicios de recarga energética, se cuentan entre las actividades que conforman el sistema eléctrico español, junto con la generación, el transporte, la distribución, la comercialización y los intercambios intracomunitarios e internacionales y la gestión económica y técnica del sistema. Se sujetan a criterios de libre mercado y su contenido principal consiste en la entrega de energía a través de los servicios de carga de vehículos y de baterías de almacenamiento, en condiciones tales que permitan la carga de forma eficiente y a mínimo coste para el usuario y para el sistema eléctrico, en los términos establecidos por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
La modificación normativa no solo facilita el acceso a las ayudas administrativas, sino que, al hacerlo, estimula también los servicios de recarga y las iniciativas mercantiles en este campo, a través de medidas de reducido impacto económico que, sin distorsionar el mercado, favorecen la sana competencia y el desarrollo de un sector todavía exiguo. Nos congratulamos, pues la reforma –de contenido aparentemente menor– ha de servir de acicate a la movilidad de energías alternativas y al crecimiento empresarial.