Acaban de aprobarse las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019, cuya finalidad, en el sistema jurídico tributario, es la prevención del fraude fiscal, en materia de importación, exportación y tránsitos. Entre sus retos explícitos, la Administración incluye la promoción del cumplimiento voluntario de los contribuyentes, «cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias como el fin último al que propenden todos los trabajos de control tributario».
Las actuaciones planificadas de investigación y control se centran en los que se consideran perfiles de riesgo, es decir, los colectivos que han de ser objeto de un seguimiento especial, en función de la ponderación y combinación de riesgos recaudatorios, definidos mediante herramientas informáticas específicas. Se articula, en efecto, un control de carácter selectivo, con el objeto de combatir los mecanismos más sofisticados de fraude, el flujo ilícito de mercancías y las rentas y titularidades ocultas; pero también con vistas a desarticular posibles circuitos de economía sumergida, a través del control prioritario de la importación y venta de mercancías.
No puede dejar de mencionarse que Madrid y Canarias son, en primer y segundo lugar, las comunidades autónomas que suman mayor número de retenciones y atestados, con 1.067 y 723 actuaciones en respective, según datos del ejercicio 2017. Pues bien, las directrices aprobadas prevén actuaciones específicas en materia de tráfico de drogas y estupefacientes, comercio ilícito de tabaco, introducción de géneros estancados, financiación y blanqueo de capitales, crimen organizado y avances tecnológicos. En lo que toca a estos últimos, se hace especial referencia a las redes de Internet profunda o Internet oculta (deep Web o dark Web), es decir, al contenido de la red que no se encuentra indexado por los motores de búsqueda.
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