La Zona de Promoción Económica de Canarias, que comprende todo el territorio de la Comunidad Autónoma, se delimitó mediante Real Decreto 169/2008, de 8 de febrero, con el fin de promover la reorientación de las ayudas estatales para favorecer el desarrollo de las regiones menos favorecidas del territorio nacional. A su amparo, se vienen otorgando incentivos regionales que no deben exceder del 40 % de la inversión aprobada, para proyectos que no sean receptores de otros beneficios financieros de carácter público, salvo en las denominadas zonas prioritarias, en las que pueden mejorarse los porcentajes aplicados.
Pues bien, con fecha 24 de abril último, se modificó el Reglamento de Incentivos Regionales así como otros trece reales decretos de 8 de febrero de 2008, por los que se delimitaron las zonas de promoción económica vigentes, entre ellas la de las Islas Canarias, en aplicación de las nuevas Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales de finalidad regional, introduciendo, también, el nuevo Mapa español de ayudas regionales para el período 2014-2020.
Se ha introducido, como principal novedad, la mejora de la proporcionalidad de los incumplimientos en relación con el período durante el que se hayan puesto de manifiesto, con referencia a los requisitos tanto de mantenimiento de la inversión, como del empleo. Igualmente, se contempla el inicio de las inversiones desde la presentación de la solicitud de ayudas, eliminándose el requisito de la carta de elegibilidad. Y se incluye, como medida destacada, la subvencionalidad –con ciertos límites– de activos inmateriales inventariables, amortizables, vinculados al proyecto y adquiridos a terceros a precios de mercado. Se trata, en definitiva, de un importante estímulo que debe vigorizar el desarrollo económico del archipiélago, al abrigo de la economía nacional, visiblemente recuperada.