IMPAGO DE PENSIONES VENEZOLANAS

IMPAGO DE PENSIONES VENEZOLANAS

Abogados Venezuela

Con fecha 13 de diciembre de 2017, el Congreso de los Diputados aprobaba, sin enmiendas, la Proposición no de Ley sobre medidas para paliar la situación de desprotección generada a los pensionistas españoles afectados por la prolongada suspensión del pago de sus pensiones por parte del Gobierno de Venezuela. El impago de pensiones, en sí mismo, casi no tiene importancia, si se tiene en cuenta que su cuantía alcanza apenas 3,00 € per capita, en un país sujeto niveles de hiperinflación que, en 2018 registraron el 130.060%, si hacemos caso a los datos que publicó en mayo el Banco Central de Venezuela, después de tres años de ominoso silencio. La Asamblea Nacional de Venezuela –declarada en desacato por la desacreditada justicia venezolana– ha estimado el índice anualizado, en el último mes de junio, en el 445.482,2%.

En virtud del Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, firmado con fecha 12 de mayo de 1988, las prestaciones económicas, debidas por una de las partes contratantes, se harán efectivas a los beneficiarios que residan en el territorio de la otra parte, de manera que las pensiones causadas en Venezuela deben abonarse a los beneficiarios residentes en España por el sistema español de la Seguridad Social. Pues bien, a tales prestaciones se les aplican, como no puede ser de otro modo, los complementos por mínimos establecidos que, en consideración a los rendimientos «percibidos», establece el Art. 59 del T.R. de la Ley General de la Seguridad Social.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (por sus siglas, INSS), sin embargo, ha venido ofreciendo significativa resistencia a la recta aplicación de los criterios legales, corregida en ocasiones por sentencias como la dictada recientemente, con Nº 550/2019, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta resolución, de acuerdo con los principios que en GAC Abogados defendemos, confirma la estimación de nuestra demanda y el derecho de nuestros clientes a percibir el complemento por mínimos. «Aunque el demandante sea titular de una pensión venezolana –dice– y que la misma la tenga reconocida, no se está abonando de manera efectiva y así ha de interpretarse el referido art. 59 y aunque el Reglamento del año 2014 habla de importes de pensiones reconocidas, no es menos cierto que el art. 41 de la Constitución Española obliga a la Seguridad Social a garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad».

Para cualquier duda o aclaración en materia de seguridad social o para cuantas cuestiones jurídicas precisen resolver, no duden en contactar con GAC Abogados.

19 julio 2019 / GAC Actualidad

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